LA CORRUPCIÓN ENSOMBRECE A AMÉRICA LATINA

La debilidad de las instituciones democráticas amenaza los avances económicos experimentados por la región.

AFP/Getty Images

Para América Latina 2011 fue un año que, en general, se vivió con una sensación de optimismo. Las buenas noticias relacionadas con el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en un periodo de crisis financiera global han sido fundamentales para generar este sentimiento. Además, la ampliación de la clase media, la activa y horizontal relación política entre países y el fortalecimiento del comercio en la región han sido clave.

No olvidemos también algo que muchas veces se deja de lado al hacer análisis y balances de cierre de año, debido a que sus manifestaciones y efectos son menos concretos que los resultados económicos y por ello difíciles de identificar. Me refiero a la democracia como sistema político que ha echado raíz y prevalece en la región. Esto lo destaca acertadamente el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, en un artículo sobre los retos en la región para 2012: “la democracia parece haberse asentado como forma de gobierno predominante en este continente, en el cual apenas hace unas pocas décadas las dictaduras y las guerras civiles eran la regla general”. Sin embargo, no hay que ignorar que aún existen muchos retos por delante y que será fundamental abordarlos para consolidar los avances económicos, políticos y sociales en América Latina. Uno de los temas pendientes en la región es sin duda el de la gobernabilidad democrática. Cuando se habla de democracia como sistema no hay que olvidar que no solo consiste en poder elegir mediante el voto a gobernantes y representantes políticos -tema en el cual la región ha avanzado mucho-, sino en trata de ejercer una serie de derechos, porque la democracia no termina el día de las elecciones.

La democracia como sistema de gobierno se vive de diversas maneras: la capacidad de demandar y recibir información pública de calidad para conocer como se gastan los impuestos, la posibilidad de expresar libremente ideas y opiniones sin el temor de ser sancionado o la seguridad de que uno será tratado de manera imparcial por un sistema de impartición de justicia predecible y profesional. Todas ellas son manifestaciones de un sistema de buen gobierno en un régimen democrático que funciona.

Cuando tomamos en cuenta esta dimensión o definición más amplia de democracia nos damos cuenta que es necesario hacer mucho trabajo y redoblar esfuerzos en América Latina. No olvidemos que existen intereses poderosos que están en contra del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, ya que ésta dificulta y pone en riesgo el acceso a los beneficios de los que gozan. Empresarios que acceden de manera indebida a contratos para proveer bienes y servicios al Estado, políticos que una vez que llegan al poder entregan favores a sus aliados como manera de recompensarles el apoyo recibido en sus campañas políticas, funcionarios que desvían fondos públicos para el beneficio propio, el crimen organizado que necesita operar rutas de tránsito de mercancía ilegal, y muchos otros actores, requieren de un sistema vulnerable a la corrupción para operar. Por ello, estos intereses son la principal fuerza en contra de la transparencia e integridad de los gobiernos.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2011 de la organización Trasparencia International que clasifica a 183 países, 20 de ellos de América Latina, da muestra de este problema. Salvo tres Estados de la región, el resto no alcanzan siquiera los puestos medios del ranking mundial, lo cual señala que la corrupción sigue representando un grave problema.

En la parte baja del la clasificación se ubican Venezuela, Paraguay, Nicaragua, Honduras y  República Dominicana. Estos países no tienen el mismo sistema político ni comparten una misma ideología, lo que tienen en común todos ellos son algunas instituciones democráticas débiles. Ya sea porque éstas no son independientes de un poder central o porque los procesos de reforma democrática aún están en un estadio temprano tras años de gobiernos autoritarios o inestabilidad causada por conflictos internos, la realidad es que sus principales instituciones no son sólidas. Esto incrementa la posibilidad de que los recursos públicos no se utilicen debidamente, que se adopten decisiones que favorezcan a grupos de interés específicos, que delincuentes queden impunes y que se recurra a la compra de votos durante los procesos electorales. En otras palabras, el resultado es que las instituciones son más vulnerables a la corrupción.

Otro grupo de países con dificultades es el de aquellos que se sitúan en la mitad de la tabla y está integrado por Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú. Todos ellos cuentan con recursos abundantes, sus economías tienen un desempeño positivo, algunas de sus instituciones son sólidas y modernas, celebran elecciones periódicamente y existen diversos partidos políticos que se alternan en el poder. A pesar de ello, la corrupción es un problema que esta presente. Aún cuando su potencial es innegable, estos Estados latinoamericanos no han conseguido ascender significativamente en el ranking a lo largo del tiempo. Esto podría deberse, en parte, a que en estos países, con grandes territorios y estructuras federales o muy descentralizadas, el Estado muchas veces carece de presencia en áreas remotas, la riqueza no está distribuida de manera equitativa y las prácticas políticas y capacidades de gobierno a lo largo del país son muy diversas.

			Los grupos ilegales constituyen un sector sumamente poderoso que socava las instituciones del Estado

Especialmente en Brasil y en México es común que algunas entidades modernas del gobierno central que intentan impulsar reformas se enfrenten a un sistema preexistente basado en prácticas arraigadas como son el padrinazgo, el favoritismo, el abuso de autoridad, la discrecionalidad en la toma de decisiones, la compra de votos, etcétera. Si bien han obtenido avances en varios frentes y ha quedado demostrado que existe interés en implementar reformas, las viejas prácticas continúan arraigadas, particularmente en algunas regiones y provincias.

Vale la pena mencionar un problema que, lamentablemente, afecta a demasiados países de la región: la delincuencia organizada. Los grupos ilegales constituyen un sector sumamente poderoso que socava las instituciones del Estado. Para poder beneficiarse mediante el tráfico de drogas y armamento y la trata de personas, las organizaciones delictivas necesitan asegurar que las fuerzas de seguridad, el poder judicial y otros organismos del Estado continúen siendo débiles y vulnerables a la corrupción. Como consecuencia de esto sucede, por ejemplo, que fiscales y jueces permitan que quienes cometen delitos no sean sancionados y que funcionarios de aduanas o puertos toleren irregularidades.

Más allá de si la delincuencia organizada ha debilitado al Estado y a la gobernabilidad democrática a través de fomentar la corrupción, o si fue la corrupción la que permitió que prosperara la delincuencia organizada, mientras ambos problemas continúen coexistiendo las instituciones estarán amenazadas y será más difícil evitar corruptelas.

Finalmente, es importante señalar los casos de Chile y Uruguay, que se sitúan en la parte alta de la tabla obteniendo puntuaciones similares e incluso superiores a la de EE UU y algunos países de Europa Occidental con democracias consolidadas. Los avances conseguidos por ambos son un ejemplo positivo para otros Estados latinoamericanos. Establecen, además, parámetros más ambiciosos para aquellos países que están impulsando políticas y prácticas destinadas a fortalecer la transparencia y combatir la corrupción. Sin embargo, haber alcanzado una posición relativamente alta no debe servir para que chilenos y uruguayos se den por satisfechos.

Los futuros balances anuales de América Latina tienen un alto potencial de seguir siendo positivos. Pero, no hay que confiarse. Quienes toman las decisiones y la población en general no deben olvidar que para una prosperidad económica presente y futura también es fundamental promover la gobernabilidad democrática y erradicar la corrupción. De otra manera, el crecimiento no podrá ser sostenible, y la desigualdad y la inseguridad ciudadana seguirán siendo características negativas que opaquen los avances en la región.

Artículos relacionados

• América Latina, dentro del péndulo. Carlos Mesa

• Podcast: Las amenazas a la democracia en América Latina.

• El alma de América Latina. Denis MacShane