EL ARMA MÁS INTELIGENTE

Por qué los profesores y los analistas son el mejor armamento secreto.

Siempre se dice que una democracia sana se distingue por la transparencia de su Administración. Pero las personas razonables reconocerán que debe haber límites. Nadie quiere que los secretos que incumben a la seguridad nacional acaben en malas manos. Si hay riesgo de que los terroristas se aprovechen de una información publicada en nombre del buen gobierno, muchos se alegrarán de que el derecho de los ciudadanos a saber se debilite frente a su necesidad de protección.

Pero ¿acaso transparencia y seguridad son valores antagónicos? Cuando las autoridades limitan el acceso a la información, se aíslan del potencial intelectual y la capacidad analítica de una enorme comunidad de científicos, ingenieros y expertos en seguridad que a menudo identifican amenazas, debilidades y soluciones mucho mejor que cualquier agencia oficial. Los gobiernos han realizado esfuerzos drásticos, sobre todo en Washington, para ocultar documentos reveladores. En 2003, una orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, permitió, o alentó, en opinión de algunos, a la Administración a clasificar como secretas montañas de datos. Por primera vez, se consideró información básica sobre infraestructuras como una categoría susceptible de declararse confidencial. El incremento del secretismo ha sido espectacular. En 1996 se prohibió el acceso a 5,8 millones de documentos. En 2005 la cifra casi se triplicó, y el Gobierno clasificó 14,2 millones. Aún más información ha sido sustraída al escrutinio público mediante el aumento del empleo de la etiqueta “reservada pero sin clasificar”, que funciona sin los condicionantes legales del sistema tradicional de confidencialidad. Sólo en 2006, el número de categorías cuyos documentos pueden ser calificados como “reservados” aumentó un 20%. Pero este auge del secretismo no ha hecho que nadie esté más seguro. En realidad, nos está haciendo más vulnerables ante las nuevas amenazas.

Observemos, por ejemplo, los esfuerzos de Lawrence Wein, profesor de la Universidad de Stanford, junto a su por entonces alumno Manas Baveja. En un estudio que publicaron en 2005, ambos analizaron la eficacia de la llamada Tecnología Indicadora del Estatus de los Visitantes e Inmigrantes, un programa de identificación de huellas diseñado para evitar que los terroristas fichados entren en EE UU. Utilizaron datos sobre lectores de impresiones dactilares que se encontraban a disposición del público en la web del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, la agencia federal que controla la infraestructura tecnológica. Descubrieron que los terroristas podrían burlar el sistema reduciendo la calidad de las imágenes de las marcas. Bastaría con frotarse los dedos con papel de lija para engañar al programa. Pero a estos investigadores también se les ocurrió una solución sencilla: que la gente aportase más yemas si su impresión digital era mala. Este remedio mejoraba la eficacia del programa, aunque los terroristas supieran exactamente cómo funciona el sistema. Las autoridades de inmigración implantaron rápidamente una versión de la idea de Wein y Baveja. Pero la reacción del Instituto de Estándares y Tecnología de EE UU consistió en retirar de su web la información que los autores habían utilizado para realizar su estudio.

O miremos lo que ocurrió con una exposición que Sean Gorman, estudiante de la Universidad estadounidense George Mason, realizó en 2003. Gorman utilizó información pública para confeccionar un mapa de la red de fibra óptica de EE UU, e identificó los cuellos de botella de las infraestructuras de telecomunicaciones. Presionado por las autoridades, Gorman aceptó eliminar muchas de sus conclusiones más delicadas. En la actualidad, parte de su investigación es aún confidencial. Pero esta reacción ignora lo más valioso de su estudio: que, tras identificar puntos vulnerables, encontró maneras eficaces de solventarlos. Guardar la información bajo llave no protege de los ataques; sólo evita que los expertos en seguridad puedan encontrar soluciones a nuevas debilidades que se presenten en el futuro, y hace que el Gobierno y las empresas tengan menos alicientes para desarrollar medidas preventivas.

Efraim Benmelech, de la Universidad de Harvard, y Claude Berrebi, de la RAND Corporation (una organización sin ánimo de lucro que realiza análisis y propuestas políticas para gobiernos y otras instituciones), iniciaron una investigación de importancia para la seguridad nacional de todos los países. Con datos públicos de los servicios de seguridad israelíes, detectaron que los terroristas suicidas con más edad y estudios no sólo son destinados a los objetivos más importantes, sino que sus ataques son más mortíferos. Para realizar ese análisis fue esencial poder acceder a archivos sobre atentados fallidos, una información que casi todos los demás gobiernos ocultan por miedo a que resulte útil para los asesinos. Pero la utilidad de saber cómo se asignan las misiones en las bandas es mayor para combatir el terrorismo que la importancia que pudo tener para los terroristas el acceso a los documentos del Ejecutivo israelí.

Los gobiernos deben evaluar mejor en qué casos el beneficio de compartir la información supera al de los costes. La pregunta no debería ser: “¿Esta información puede ayudar a los terroristas?”, sino: “¿Compartirla hará más por proteger a la sociedad de lo que ayudará a los que quieren hacernos daño?”. Y el sentido común es la mejor guía. Si las autoridades no conocen todos los elementos vulnerables de un sistema, deberían poner la información a disposición del público para que los analistas encuentren soluciones antes de que los terroristas localicen las debilidades. Asimismo, los datos sobre puntos vulnerables ya conocidos deberían hacerse públicos si los terroristas pueden identificar el objetivo con facilidad. La red de universidades y centros de investigación constituye una fuerza pensante que debería considerarse un punto importante de la seguridad nacional, no una amenaza. Su capacidad para analizar peligros y proponer soluciones seguras y eficaces supera a la de la Administración, y es infinitamente superior a la de las redes del terror. Si los responsables políticos consideran que todo el mundo es un posible terrorista, están aislándose del potencial intelectual que debería constituir nuestra primera línea de defensa.

Jacob Shapiro es investigador en el Centro para la Seguridad y la Cooperación Internacionales de la Universidad de Stanford (EE UU)....